En la madrugada del 28 de marzo, un nuevo incidente de violencia contra el transporte urbano sacudió la capital cubana. A las 04:25 horas, el conductor del ómnibus número 725, perteneciente a la ruta P7, denunció un acto de vandalismo tras ser atacado con piedras mientras prestaba servicio. El impacto rompió una de las ventanillas laterales del vehículo, aunque, según los primeros reportes, no se reportaron lesionados. El hecho tuvo lugar en el municipio del Cotorro, donde el ómnibus fue desviado hasta la unidad local de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para formalizar la denuncia. La Empresa Provincial de Transporte de La Habana confirmó el suceso mediante sus canales oficiales y señaló que las autoridades competentes ya se encuentran investigando lo ocurrido. Aunque se trata de un acto aislado, este tipo de agresiones no es inédito en el panorama habanero. Las piedras lanzadas contra ómnibus del transporte público, muchas veces desde zonas oscuras o periféricas, han sido motivo de preocupación en años anteriores. Lo que alguna vez fue considerado un fenómeno esporádico, comienza a adquirir dimensiones más persistentes que afectan tanto a los trabajadores del sector como a los pasajeros que dependen del servicio. La reiteración de estos hechos plantea interrogantes no solo sobre la seguridad del transporte urbano, sino también sobre las condiciones sociales y el entorno de deterioro que los rodea. La falta de iluminación, vigilancia y opciones de movilidad, especialmente en horarios nocturnos, crea un entorno propicio para actos delictivos o antisociales. “Este tipo de hechos atenta contra un servicio que ya enfrenta serias dificultades para mantenerse operativo con regularidad y eficiencia”, afirmó un trabajador del sector, bajo condición de anonimato. “Cada vez que un ómnibus queda fuera de servicio por un acto de este tipo, se resiente aún más la frecuencia y calidad del transporte”. El suceso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en las rutas nocturnas, incorporar sistemas de monitoreo y establecer medidas preventivas más eficaces. Mientras tanto, la Empresa Provincial de Transporte y la PNR han reiterado su compromiso con esclarecer lo sucedido y adoptar las acciones necesarias para proteger tanto al personal como a los usuarios. Este incidente, aunque aparentemente menor en su alcance material, refleja un clima de tensión que se extiende más allá del transporte: habla de una ciudad que, enfrentando múltiples desafíos estructurales, ve cómo la inseguridad empieza a formar parte del paisaje cotidiano.